Cenizas, desidia y negocios: ¿quién se beneficia con el fuego en Cafayate?

Más de 200 hectáreas de bosque nativo arrasadas revelan la inoperancia preventiva del Estado nacional y provincial. Mientras los funcionarios actúan sobre las consecuencias, una sombra se proyecta sobre la tierra quemada: ¿son las llamas una catástrofe natural o el primer paso para un jugoso desarrollo inmobiliario?

El fuego en Cafayate no es una novedad, pero la ceguera de quienes deben prevenirlo parece renovarse cada año. Más de 200 hectáreas de bosque nativo, principalmente de algarrobos, han quedado reducidas a cenizas en los últimos días. Y como si se tratara de un guion repetido hasta el hartazgo, la respuesta oficial de los gobiernos —tanto a nivel nacional como provincial— llega tarde, mal y envuelta en excusas meteorológicas.

Resulta indignante escuchar a las autoridades hablar de "condiciones climáticas adversas", de la sequedad de la vegetación o del implacable viento Zonda, como si estos factores fueran anomalías imprevisibles en el invierno salteño y no la norma de la región. La falta de prevención es alarmante. ¿Dónde estaban las políticas de mitigación del Ministerio de Seguridad provincial y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego antes de que se encendiera la primera chispa? Hoy, los funcionarios desfilan por la ruta 68 montando un operativo espectacular de aviones y brigadistas para la foto, intentando apagar un desastre que, con presupuesto, inteligencia y patrullaje previo, podría haberse evitado.

Pero la desidia estatal es apenas la primera capa de esta tragedia ecológica. Debajo de las cenizas humeantes asoma una hipótesis mucho más perversa que la simple negligencia de un turista descuidado o un vecino quemando pastizales.

El interrogante ineludible: ¿Fuego accidental o desmonte a medida?

En los valles calchaquíes, la tierra vale oro, y el bosque nativo suele ser visto por algunos sectores como un "obstáculo" para el progreso urbano. Ante este escenario de devastación, resulta imperativo formular la pregunta que resuena en las calles de Cafayate: ¿Acaso este incendio fue intencional, diseñado quirúrgicamente para limpiar el terreno y dar paso a un nuevo loteo privado?

Las piezas del rompecabezas encajan con una precisión que asusta. La propia intendenta de Cafayate, Rita Guevara, no dudó en levantar la perdiz y presentar una denuncia penal ante la Fiscalía. El dato que enciende todas las alarmas es que el lugar exacto que "misteriosamente" ardió en llamas es el mismo sector por el cual, tiempo atrás, desarrolladores privados habían consultado para urbanizar y realizar loteos por su cercanía con Pueblo Nuevo. La respuesta oficial en aquel momento fue un "no" rotundo. Semanas después, el terreno se convierte en un infierno.

Aún más suspicaz es la actitud de los dueños de estas tierras. Mientras brigadistas y bomberos voluntarios arriesgaban sus vidas e inhalaban humo tóxico para frenar el avance del fuego hacia un parque solar y la ruta, los propietarios brillaron por su ausencia. Ni un balde de agua, ni una consulta, ni un gesto de preocupación por el capital natural que estaban perdiendo. ¿Será que, en el fondo, no lo consideran una pérdida sino una inversión a futuro?

La ley del más vivo

El modus operandi no es nuevo en Salta ni en el resto del país: donde la ley protege al bosque nativo y prohíbe el desmonte, el fuego hace el "trabajo sucio". Una vez que la flora autóctona desaparece y el daño ambiental es irreversible, el terreno se reclasifica, los permisos mágicamente se destraban y, pocos años después, donde había algarrobos centenarios brotan calles asfaltadas, barreras de seguridad y casas de fin de semana. Ya se han visto denuncias similares en la vecina Animaná, donde constructoras han sido acusadas de quemar y talar hectáreas para comercializar cientos de lotes.

Es momento de que la Justicia y los gobiernos dejen de mirar hacia otro lado. El Estado nacional, que sistemáticamente ha desfinanciado las áreas de protección ambiental, y el Estado provincial, que corre detrás de la emergencia, son cómplices por omisión de este ecocidio.

Si la política no establece de manera urgente restricciones severas y perpetuas que prohíban cualquier cambio en el uso del suelo de las zonas incendiadas por los próximos 50 años, el mensaje será claro: en la Argentina, prender fuego un bosque es el trámite burocrático más rápido y barato para fundar un barrio privado.